|
|
Las Artes Escénicas como
servicio público
En un artículo anterior apuntábamos que el sector de las artes escénicas se ha transformado profundamente durante las tres últimas décadas gracias a la capacidad de iniciativa de los agentes privados y a los recursos aportados por las Administraciones Públicas. El sector se ha desarrollado bajo la tutela y el impulso de una Administración que ha colaborado activamente en la financiación y distribución de producciones escénicas, ha construido y gestionado recintos y, sobre todo, ha garantizado una programación estable en muchos municipios con un enorme déficit de explotación.
Hoy no quiero entrar en el debate, necesario y pendiente, sobre el papel del sector público y del sector privado en la actividad escénica. Me interesa reflexionar sobre los motivos de una intervención tan intensa del sector público (aunque en muchos casos se perciba como insuficiente), muy superior a la que realiza en otros ámbitos de actividad productiva.
Apunto, de entrada, que la única razón que puede justificar la elevada intervención pública en el sector de las artes escénicas puede ser la consideración de que son un servicio público.
Esta frase está presente en muchos foros y discursos. Sin embargo, ¿estamos convencidos de verdad que las artes escénicas son un servicio público?, ¿no es, a veces, una expresión retórica para conseguir más subvenciones? y ¿qué consecuencias tiene esta consideración?
El Plan General del Teatro se posiciona claramente en este sentido. La frase que abre el primer bloque de contenidos (pág. 19) dice que “por su situación objetiva en la sociedad y en el sistema económico español actual el teatro es un servicio cultural público, independiente de cuál sea el agente –público, privado o mixto– que lo produce, gestiona y suministra”. Añade, en el siguiente parágrafo, que “el teatro debe ser considerado... como un servicio cultural público como consecuencia del interés general de las necesidades que cubre... y del hecho que el mero juego de las reglas del mercado no conduce a un correcto equilibrio entre la oferta y la demanda, lo cual exige una actuación sobre sus precios o sobre sus costes a fin de incrementar la oferta hasta el nivel que alcanza el beneficio social deseado”. En un anexo Alberto Fernández Torres analiza con detalle esta afirmación desde la teoría económica y concluye que el teatro debe ser considerado como un servicio cultural público sobre todo por dos razones: el interés general de las necesidades generales que cubre, y la naturaleza de las relaciones que establece con los consumidores (basadas en la no apropiación y la no exclusión).
El interés general es el factor más importante para justificar la consideración de un servicio como público. El PGT dice que el teatro (y por extensión las artes escénicas) proporciona a la sociedad valores y beneficios específicos que no aporta de la misma manera ninguna otra actividad cultural. Destaca que son una experiencia vital y un placer estético únicos que fomentan la sensibilidad por la realidad social y los sentimientos humanos, y contribuyen al desarrollo del ser humano; una práctica compartida que ayuda a la cohesión social; un encuentro de expresiones artísticas procedentes de culturas diferentes que permite el enriquecimiento cultural de la sociedad; una garantía de conservación y enriquecimiento de un valioso patrimonio intangible (la creación dramática) y la conservación de un importante patrimonio material histórico y arquitectónico (los recintos teatrales).
Las artes escénicas tienen, en primer lugar, un valor económico porque en España representan casi el 4% del VAB del sector cultural, y éste aporta un 3% al VAB global. Pero tienen, en segundo lugar, un valor social menos cuantificable pero más importante porque las artes son el principal dispositivo que ha inventado la humanidad para interpretar la realidad, interiorizarla y transformarla. Las artes escénicas son una práctica de alto valor para el desarrollo personal y colectivo porque son experiencias emotivas compartidas de representación de la realidad que permiten interiorizarla y enriquecer el sistema personal de valores. Como práctica compartida son un fator importante de identidad cultural y de cohesión social, entre otros motivos porque permite comprender la diversidad de expresiones culturales que conviven en un territorio.
Sin embargo, ¿cómo se puede medir el interés social? En primer lugar hay que medir la percepción social de su valor. En algunos estudios realizados sobre percepción social de la cultura se concluye que la mayoría de ciudadanos atorgan un alto valor a las prácticas artísticas para el desarrollo personal a pesar de que su práctica sea minoritaria. En segundo lugar hay que medir la opinión profesional de disciplinas como la pedagogía, la antropología, la sociología, la historia, etc... Hay unanimidad profesional en considerar la importancia de las prácticas artísticas en el desarrollo personal y colectivo, incluso se puede establecer una cierta correlación temporal entre el surgimiento de movimientos artísticos y la eclosión de cambios sociales significativos.
Hasta ahora hemos aportado argumentos que permiten considerar a las artes escénicas como servicio público. Sin embargo, qué consecuencias tiene esta consideración?
La primera consecuencia es que el Estado (el conjunto de las administraciones públicas de acuerdo con sus competencias) debe garantizar la existencia de una oferta escénica de calidad. Debe garantizar la creación y producción escénica profesional de calidad (convencional y alternativa), y su posterior distribución y exhibición en recintos adecuados (programaciones estables).
La segunda consecuencia es que el Estado debe garantizar la accesibilidad a la oferta escénica, tanto a nivel territorial (una red de teatros con una distribución equilibrada en el territorio) como sectorial (sectores sociales con mayores barreras al consumo).
La tercera consecuencia es que el Estado debe garantizar una formación adecuada en artes escénicas, tanto a nivel básico para el conjunto de ciudadanos como a nivel profesional.
La cuarta y última consecuencia es que el Estado debe favorecer las prácticas comunitarias de artes escénicas (prácticas amateur) como la base social necesaria para el desarrollo satisfactorio del sector y para la vertebración cultural de nuestra sociedad.
|
